Sigue el escándalo judicial en Mar del Plata

En tiempo récord, sin presenciar la exposición oral de la defensa y sin el más mínimo análisis de los hechos, los miembros de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, los abogados en función de jueces Alfredo de Leonardis y Marcelo Madina, este último quien curiosamente mantiene un vínculo de amistad con el juez Tapia dieron lugar a la medida de prisión preventiva dictada por el Juez de Garantías Juan Francisco Tapia a instancias de la Fiscal Ana María Caro en el caso de los tres trabajadores que mantienen detenidos acusados de una violación en la localidad de Miramar, sin ningún elemento material que los vincule el hecho.

Lejos de acreditar la coautoría de un hecho con pruebas materiales, tanto la Fiscal Ana María Caro, como el Juez de garantías de Mar del Plata Juan Francisco Tapia sustentan la base de sus decisiones en meras especulaciones de carácter subjetivas e interpretaciones increíblemente rebuscadas del contenido que obra en la causa judicial.

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Increíblemente las autoridades judiciales siguen sin reconocer la enorme cantidad de incidentes que se desataron el domingo 1 de diciembre en Miramar, hechos que constituyen un cumulo de gravísimos delitos y que la fiscal Ana María Caro luego de un mes y medio no investigó ni uno solo de ellos en lo más mínimo. Desde tentativa de homicidio contra cuatro personas, hasta les heridas sufridas por siete policías, el robo y saqueo de la totalidad de pertenencias en una cabaña y su posterior destrucción total mediante el uso de bombas molotov, como así también el mismo daño material sobre una camioneta ubicada en el lugar de los hechos, el posterior abandono de persona realizado por una autoridad sanitaria local en el hospital municipal de Miramar negando atención médica a un herido y lo más grave, la violación a una mujer de 39 años de edad que todavía no esta esclarecida, ya que no se realizó ninguna investigación que logre acreditar materialmente los hechos que ocurrieron durante la jornada del domingo 1 de diciembre en el barrio El Carocito de Miramar.

A estas alturas el recorrido institucional de la causa que involucra la detención arbitraria de los tres trabajadores en Miramar, bien podría convertirse en un caso testigo que refleja las escandalosas practicas judiciales bonaerenses poniendo de manifiesto la falta de investigación, gravísima omisión de información y datos clave en pericias informáticas realizadas que desvinculan a los detenidos de los hechos denunciados, maniobras de protección corporativa entre pares judiciales, además de una innumerable cantidad de daños y perjuicios a ciudadanos inocentes privados de su libertad, a quienes se vulnero el legítimo principio jurídico de inocencia, a pesar de que se pusieron a disposición de la justicia desde el primer momento, aportando desde sus declaraciones, dispositivos móviles, acceso a redes sus sociales, muestras de sangre para cotejar pericias genéticas, todas sus pertenencias.

Sin lugar a duda la voluntad de los tres trabajadores detenidos siempre fue la de colaborar con la justicia para el rápido esclarecimiento del hecho y su pronta desvinculación de una acusación tan aberrante, pero la respuesta de las autoridades judiciales fue tan sorprendente y absurda que solo resta pensar que encontraron a tres perejiles para cerrar una causa y no investigar que fue lo que realmente ocurrió esa tarde en Miramar.

Cabe preguntarse entonces:

¿Que se esconde detrás de la falta de voluntad para investigar los hechos? 

¿Qué fue lo que realmente paso esa tarde en Miramar?

¿existirán funcionarios judiciales probos, competentes e idóneos que estén a la altura del esclarecimiento de este cumulo de delitos?

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