El 1 de diciembre de 2024, la ciudad de Miramar fue escenario de un caos sin precedentes. Todo comenzó con la denuncia de una mujer, quien afirmó haber sido violada por tres hombres alcoholizados, encapuchados y con guantes. La noticia desató una violenta reacción vecinal que rápidamente se salió de control.
Actualidad09 de enero de 2025
Baires Noticias
Vecinos, enardecidos, irrumpieron en un local comercial cercano, causando destrozos y saqueos. Poco después, atacaron a un hombre recién llegado del Tigre, y más tarde, a tres trabajadores que realizaban tareas de revestimiento en una cabaña lindera. Los trabajadores fueron brutalmente golpeados, y el lugar quedó completamente arrasado: las herramientas y objetos personales fueron robados, mientras que la cabaña y una camioneta fueron incendiadas.
Siete policías resultaron heridos durante los desmanes, mientras que las fuerzas de seguridad demostraron ser incapaces de controlar la situación. Para agravar aún más el panorama, un funcionario del Hospital Municipal Dr. Marino Cassano negó atención médica a uno de los trabajadores gravemente heridos, incurriendo en abandono de persona.
Posteriormente, los tres trabajadores atacados fueron detenidos y acusados de violación, pese a que no existen pruebas materiales que los vinculen con el delito denunciado. Las pruebas toxicológicas realizadas a los imputados arrojaron resultados negativos para alcohol y drogas, y desde el primer momento los detenidos colaboraron voluntariamente con la justicia, sometiéndose a todas las pericias requeridas, desde aportar sus dispositivos móviles y las claves de acceso hasta pruebas para realizar pericias de ADN que la justicia increíblemente a mas de un mes del hecho todavía no realizo.
El intendente de Miramar, Sebastián Ianantuony, permaneció al margen durante los disturbios. Al día siguiente, emitió un escueto comunicado en el que aseguró que se habían desplegado todos los recursos municipales para controlar la situación. Sin embargo, los hechos demuestran absolutamente lo contrario: las pruebas demuestran que no se logró garantizar la seguridad de las personas ni preservar el orden público.
El comunicado oficial también afirmaba que se había brindado asistencia sanitaria a los heridos, algo que contradicen los testimonios de las víctimas y el abandono de persona en el hospital local.
A más de un mes de los hechos, el municipio no ha dado explicaciones públicas sobre las responsabilidades de quienes permitieron esta tragedia, ni sobre las acciones conjuntas con la justicia para esclarecer los múltiples delitos cometidos ese día.
La inacción de las autoridades judiciales agrava aún más la indignación social. Ni el polémico juez Juan Francisco Tapia ni la fiscal Ana María Caro han avanzado en la investigación de los gravísimos delitos ocurridos: tentativa de homicidio contra cuatro personas, abandono de persona, saqueos, y la destrucción total de una cabaña y una camioneta. Todo apunta a un intento por encubrir la verdad.
Mientras tanto, tres trabajadores inocentes permanecen detenidos, víctimas de un sistema judicial que parece más interesado en cerrar el caso que en hacer justicia.
Miramar enfrenta una crisis profunda, marcada por la inseguridad y la falta de respuestas de sus autoridades. A esto se suma una gestión municipal cuestionada por la falta de inversión en infraestructura básica y la desprotección tanto de sus habitantes como de los visitantes.
Los hechos del 1 de diciembre dejan en evidencia la fragilidad del estado de derecho en la ciudad y la urgente necesidad de que las autoridades locales y judiciales rindan cuentas ante la sociedad.
La justicia bonaerense sigue sumando errores y arruinándole la vida a los ciudadanos, desde errores de tipeo, hasta gravísimas faltas contra el cumplimiento constitucional y nunca le piden disculpas a los ciudadanos agraviados.
En una demostración de fuerza, el peronismo se unió para defender a su líder en el primer día de prisión domiciliaria. "Los pueblos siempre vuelven", dijo CFK.
En un acto cerrado, con un estricto cerco policial, la ministra de Seguridad anunció la entrega de unos departamentos del edificio Sagol a un grupo de policías en medio de numerosas irregularidades. El complejo urbanístico fue construido durante la gestión de Alberto Fernández en el marco del ex programa Procrear y adjudicados en 2023 a 160 familias del distrito de Avellaneda.
El TOF2 ordenó que la expresidenta se presente en cinco días hábiles en Comodoro Py para comenzar la ejecución de la pena: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
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