Culpable o Inocente: lo dejan a la suerte, así funciona la ruleta rusa de la justicia en Buenos Aires

El caso de Miramar en el que mantienen a tres inocentes detenidos desde el 1 de diciembre está dejando al descubierto las escandalosas practicas judiciales que operan en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el juzgado de garantías N° 4 conducido por el polémico juez Juan Francisco Tapia y por la fiscal Ana María Caro, quien además supo ser suspendida en el año 2018 producto de la disconformidad con su trabajo por parte de sus propios pares. 

El Caso:

Luego de que una mujer de 40 años denuncio ser abusada por tres hombres alcoholizados con guantes y encapuchados después de que su novio la dejo a dos cuadras de su casa el domingo 1 de diciembre al medio día, tras realizar la denuncia los vecinos salieron a cazar a tres hombres, ingresaron a un local comercial donde rompieron todo, luego tomaron a golpes y casi linchan a un trabajador que recién llegaba proveniente de la localidad del Tigre, acto seguido siguieron con la cacería y en una cabaña lindante encontraron a tres trabajadores y sin mediar palabras los trabajadores fueron brutalmente golpeados, al punto tal que uno de ellos presento un gran corte en la cabeza que requirió de 18 puntos de sutura, el tabique y un dedo rotos, además de una enorme cantidad de hematomas y escoriaciones en todo el cuerpo.  Sin embargo la turba descontrolada siguió con los desmanes, robaron absolutamente todas las pertenencias de los trabajadores que allí estaban, desde las herramientas de trabajo hasta todos sus efectos personales, sin encontrar resistencia por parte de las autoridades policiales locales arremetieron con furia en contra de los bienes materiales y con bombas molotov procedieron a la quema y destrucción total de la cabaña donde estaban los tres trabajadores y una camioneta que se encontraba en el lugar.

A pesar de la gran cantidad de material fílmico que está a disposición en redes sociales y que es de público conocimiento dada la amplia cobertura que realizaron periodistas locales, la justicia de mar del plata no avanzo en la individualización de ninguno de los protagonistas de la tentativa de homicidio, ni de la destrucción total de bienes tanto de la cabaña, como de la camioneta que fueron destruidas en su totalidad y mucho menos del robo de todas las pertenencias en el lugar.

La justicia decidió no investigar el abuso sexual sufrido por la víctima, al contrario, la fiscal Ana María Caro y el juez Juan tapia eligieron el camino más sencillo detener a tres inocentes cuyas pruebas que obran en el expediente judicial son más que reveladoras y despejan cualquier tipo de vínculo con el hecho denunciado.

Los funcionarios judiciales de forma absolutamente arbitraria e irresponsable no desarrollaron ni una sola línea de investigación que permita contrastar empíricamente y esclarecer ninguno de los hechos que se vivieron durante la jornada del 1 de diciembre en Miramar.

Los tres trabajadores se pusieron a disposición de la justicia desde el primer momento, brindando declaración, realizado pericias de todo tipo, como las toxicológicas que dieron negativo para alcohol o cualquier sustancia prohibida y entregando sus pertenencias y dispositivos móviles para que sean debidamente peritados, brindando acceso incluso a sus redes sociales para que se corrobore tanto la geolocalización de los dispositivos, como así también el constante intercambio de mensajes fotos y videos entre ellos y sus familiares y amigos en el momento en el que se denunciaron los hechos y de esa forma se logre esclarecer su desvinculación total de los hechos.  Sin embargo, la justicia local a pesar de comprobar que no hay ningún elemento factico o material que los vincule con el hecho en cuestión los mantiene detenidos.

Llama poderosamente la atención que las resoluciones adoptadas por la fiscal y el juez no tienen ningún tipo de rigor científico que logren contrastar empíricamente los hechos ocurridos y los relacionen con los detenidos del caso, muy por el contrario, la enorme cantidad de pruebas materiales reunidas hasta el momento son absolutamente categóricas y desvinculan a los detenidos de los hechos observados y denunciados, pero lejos de valorar esas pruebas categóricas, los funcionarios se aferran a valoraciones subjetivas y prejuicios, tanto la fiscal como el juez trabajan en algunas instancias omitiendo pruebas y por otro lado desformando su interpretación, lo que constituye un hecho muy grave y un verdadero escándalo judicial.

Omisión datos e información clave

En las últimas horas se conoció el contenido de la supuesta pericia instruida por la fiscalía realizada a los dispositivos móviles de los detenidos. Llamativamente el informe realizado omite una enorme cantidad de datos e información que dan cuenta del uso y posición de los dispositivos al momento en el que se estaban desarrollando los eventos denunciados.

La omisión de dichos datos e información que es de vital importancia para la causa reviste una gravedad muy importante, como así también adoptar posiciones y resoluciones judiciales sin el más mínimo criterio que logre entender el alcance de los informes presentados y la total precariedad de los mismos, es un hecho que habla a las claras de la falta de total competencia para desempeñar un cargo de tal magnitud e impacto como lo es ejercer una fiscalía y el de juez.

Por otro lado tanto la fiscal como el juez omiten de forma deliberada el resultado de las pericias toxicológicas que fueron negativas para alcohol o cualquier sustancia prohibida, lo que deja en evidencia un aspecto esencial, ya que la víctima declara que habría sido abusada por tres hombres que estaban realizando la ingesta de alcohol.

Interpretación arbitraria de los hechos

Otra instancia gravísima que consta en la resolución de prisión preventiva adoptada por el polémico juez Juan Francisco Tapia es la de considerar que los golpes sufridos por uno de los detenidos guarda relación directa con manifestaciones físicas de defensa por parte de la víctima que denuncio el abuso sexual.  El Juez desestima totalmente que los detenidos sufrieron una feroz golpiza por parte de una muchedumbre que salió a la cacería de cualquier persona en cercanía del lugar.

Esta posición argumental también habla a las claras de la absoluta y total ausencia de fundamentos ligados al desarrollo de los hechos, que fueron de publica y amplia difusión por los medios locales y donde se puede apreciar mediante la difusión de transmisiones en vivo a una muchedumbre golpeando salvajemente a los detenidos.

Todas las “pruebas materiales” que obran en el expediente fueron deliberadamente desestimadas tanto por la fiscal, como por el juez.

Lejos de cumplir con la responsabilidad institucional conferida por el pueblo a través de sus representantes, tanto la fiscal como el juez no estarían motivados en la suprema búsqueda de la verdad ocurrida durante la jornada del 1 de diciembre en la localidad de Miramar, muy por el contrario, al parecer la principal motivación seria la de lapidar a tres perejiles y crear una falsa sensación de justicia ante una sociedad que se encuentra en peligro sometida a funcionarios que actúan de manera arbitraria, temeraria e irresponsable.

Tal es así, que no existe ni una sola línea de investigación que permita esclarecer el hecho denunciado por la victima para encontrar a los verdaderos perpetradores del abuso, como así también tampoco se desarrollo ni una sola línea de investigación para esclarecer la tentativa de homicidio sufrida contra cuatro personas, nada obra en el expediente para esclarecer la destrucción total deliberada de una vivienda y un vehículo en la que se utilizaron bombas molotov, tampoco se investigan los golpes sufridos por siete policías el día de los hechos y mucho menos el robo en manada que se realizó en el lugar.

Al parecer para las polémicas autoridades judiciales todos estos hechos no ocurrieron, así como tampoco ocurrió abandono de persona en la tarde de esa jornada cuando una autoridad sanitaria le negó la atención a una de las personas que fue trasladada al Hospital Municipal Marino Cassano de Miramar.

Toda la sociedad está expuesta ante un verdadero peligro, funcionarios judiciales que se alejan de su propósito en la búsqueda de la verdad, inclinando la balanza en favor del populismo conformista y descarado. Al final del día, los inocentes pagan el precio del flagelo irresponsable de estas autoridades judiciales que juegan a la ruleta rusa con los ciudadanos.

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