El Estado perdió casi $ 500 mil millones en 2024 porque los jueces no quieren pagar Ganancias

Mientras tanto, el FMI insta a eliminar exenciones impositivas para avanzar hacia una reforma fiscal más equitativa. El caso refleja tensiones políticas y económicas sobre la necesidad de reducir privilegios en el sistema tributario.

   El Estado argentino enfrenta una significativa pérdida de ingresos fiscales debido a la exención del pago del Impuesto a las Ganancias a ciertos miembros del Poder Judicial, según se desprende del informe de gestión 12 presentado recientemente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados. La cifra alcanza los $ 490.870,9 millones en 2024, lo que ha generado controversia y planteado interrogantes sobre la equidad fiscal en un contexto de ajuste económico y promesas de reforma tributaria.

Tapia lo hizo de nuevo: contra tres inocentes con una resolución que podría ser inconstitucional

   El informe detalla que esta exención beneficia a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, quienes no están alcanzados por este tributo. En contraste, los ingresos estimados por retenciones realizadas a los nombramientos posteriores a 2017 ascendieron a $ 9.082,8 millones en 2024, una cifra marginal frente a los montos perdidos por las exenciones. Además, proyecciones indican que estas pérdidas podrían escalar a $ 766.864,9 millones para finales de año si no se toman medidas correctivas.

Culpable o Inocente: lo dejan a la suerte, así funciona la ruleta rusa de la justicia en Buenos Aires

La mirada del FMI
   El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado repetidamente la necesidad de simplificar y racionalizar el sistema tributario argentino como parte de los compromisos asumidos bajo el acuerdo por u$s 20 mil millones. En su informe Staff Report, el organismo destacó la importancia de eliminar exenciones impositivas y reducir gastos tributarios, que actualmente representan alrededor del 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

   Según el FMI, estas exenciones "solo benefician a ciertos grupos o regiones", citando como ejemplo las ventajas impositivas otorgadas al régimen de Tierra del Fuego. Aunque no menciona específicamente al Poder Judicial, el organismo subraya que abordar estos privilegios es crucial para garantizar una distribución más justa de la carga fiscal y fortalecer las finanzas públicas.

   Sin embargo, las intenciones del oficialismo han sido cuestionadas. Durante el tratamiento del capítulo fiscal en el Congreso, legisladores de La Libertad Avanza retiraron un artículo que exigía al Poder Ejecutivo presentar un proyecto para suprimir o modificar exenciones tributarias en un plazo de 70 días. Esta decisión fue criticada por sectores empresariales, como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que calificó la eliminación de dicha norma como "un obstáculo para sostener el superávit fiscal".

Un problema creciente
   Las cifras expuestas en el informe evidencian un problema estructural que se agrava con el tiempo. En 2017, los gastos tributarios derivados de las exenciones al Poder Judicial ascendían a $ 12.923,8 millones, mientras que hoy proyectan multiplicarse por más de 60 veces hacia finales de 2024.

   Paralelamente, los ingresos percibidos por Ganancias a los empleados judiciales contratados después de 2017 pasaron de apenas $ 194,1 millones en 2017 a $ 10.367,1 millones proyectados para este año, un incremento significativo pero insuficiente frente a las pérdidas generadas por las exenciones.

   Este desequilibrio pone en jaque la promesa del presidente Javier Milei de impulsar una reforma fiscal integral en 2024, un compromiso que hasta ahora no se ha cumplido. Las críticas apuntan a la falta de voluntad política para abordar privilegios históricos que afectan la equidad del sistema tributario.

Debate pendiente
   La exención de magistrados y funcionarios judiciales del pago de Ganancias no solo impacta las finanzas públicas, sino que también genera un debate ético sobre la igualdad ante la ley. Mientras miles de trabajadores y jubilados pagan este impuesto, los miembros del Poder Judicial permanecen exentos, alimentando percepciones de inequidad en un sistema que debería ser universal.

   En un contexto de ajuste fiscal y presión internacional para mejorar la recaudación, eliminar estas exenciones podría ser un primer paso hacia una reforma fiscal más inclusiva. Sin embargo, el camino está plagado de resistencias políticas y corporativas que complican cualquier intento de cambio. El gobierno deberá decidir si prioriza los intereses particulares o avanza hacia una mayor equidad fiscal, tal como sugiere el FMI.  Por ahora, el silencio oficial habla más fuerte que las promesas incumplidas.