Tapia lo hizo de nuevo: contra tres inocentes con una resolución que podría ser inconstitucional

Mar del Plata – En una decisión que ya genera estupor en el ámbito judicial y entre defensores de los derechos humanos, el juez de Garantías N°4, Juan Tapia, resolvió mantener la prisión preventiva de tres trabajadores, a pesar de la existencia de pruebas científicas categóricas que los desvinculan totalmente del hecho investigado.

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Los detenidos, llevan más de cuatro meses privados de su libertad mientras la Fiscalía sostiene una hipótesis carente de pruebas científicas y opiniones absolutamente subjetivas y lo más grave aún, sin líneas de investigación o instrucciones que permitan esclarecer el hecho. Sin embargo, el juez eligió ignorar elementos de altísimo valor exculpatorio, como una pericia de ADN que descarta por completo la presencia genética de los imputados en el cuerpo de la víctima y en su ropa interior.

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"Es inadmisible. Hay una prueba científica que excluye a nuestros defendidos y el juez decide mantenerlos presos por conjeturas. Se vulnera el principio de inocencia, se invierte la carga de la prueba y se ignora evidencia clave", sostuvo el abogado defensor Mauricio Varela, quien interpuso un recurso de apelación que podría escalar hasta la Corte si la Cámara no revierte la escandalosa resolución judicial.

ADN negativo, pero siguen presos
La pericia genética realizada por expertos oficiales estableció que los imputados no generaron ningún rastro biológico hallado en la víctima. A pesar de ello, el juez Tapia justificó la prisión preventiva basándose en supuestos como una posible higiene posterior de la víctima o una presunta maniobra para evitar dejar rastros. Ninguna de estas hipótesis fue respaldada por informes forenses ni pruebas técnicas o científicas validas.

"Estas son conjeturas sin ningún valor probatorio. La única evidencia real, concreta y verificable es que el ADN hallado no pertenece a los imputados. El resto es mera especulación", cuestionó Varela.

Pericias de celulares ignoradas
Además del ADN, la defensa aportó una pericia informática completa respetando todos los protocolos legales y técnicos vigentes, que incluye datos de geolocalización, videos y registros que confirman que los tres jóvenes se encontraban en otro lugar al momento del hecho. El juez tampoco consideró esta prueba.

“El juez dice que la cercanía geográfica justifica la prisión, como si vivir a 100 metros de un hecho delictivo fuera motivo suficiente para meter a alguien preso. Es una barbaridad jurídica y una violación a derechos constitucionales”, denunció el defensor.

El principio de la presunción de inocencia podría estar siendo vulnerado y también se cuestiona la falta de valoración de pruebas de parte, la ausencia de una rueda de reconocimiento, y la omisión de medidas claves por parte de la Fiscalía, como levantar material genético debajo de las uñas de la víctima, quien declaró haberse defendido con las manos.

"Lo que hace el juez es pedir una prueba diabólica. Pretende que los imputados demuestren su inocencia porque la fiscalía no pudo demostrar su culpabilidad. Es un disparate jurídico y una clara violación a las garantías procesales", advirtió Varela.

Una decisión bajo la lupa
El recurso de apelación ya fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, donde la defensa solicitará que se disponga el cese inmediato de la prisión preventiva. 
El caso podría convertirse en un emblema de arbitrariedad judicial tras la ya polémica decisión del juez Tapia, conocido por su fuerte inclinación ideológica que lo llevo al extremo de redactar fallos con formato inclusivo.

Mientras tanto, tres jóvenes trabajadores inocentes continúan detenidos por una resolución judicial basada en suposiciones y no en pruebas. La pregunta que empieza a circular en los pasillos de Tribunales es una sola: ¿hasta dónde puede llegar el poder discrecional de un juez cuando no está dispuesto a ver lo evidente?