
Milei anuló el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad
Los vetos fueron oficializado a a través del Boletín Oficial y anulan las normativas aprobadas el pasado 10 de julio en el Congreso.
Según un informe reciente de la consultora Sentimientos Públicos, el 70% de los bonaerenses considera que la seguridad en la provincia de Buenos Aires empeoró en los últimos seis meses. Sin embargo, este temor no necesariamente surge de experiencias directas: el 63% asegura que ni ellos ni alguien cercano sufrió un hecho de inseguridad en ese lapso.
Los datos muestran una clara disociación entre percepción y experiencia. A pesar de que la mayoría no fue víctima ni conoce a alguien que lo haya sido, el miedo está instalado.
Qué tipo de delitos generan más miedo
Uno de los aspectos más destacados del estudio es el tipo de delito que más preocupa a la población. Un 35% considera que el mayor peligro son los robos callejeros, cifra que se dispara al 60% entre los centennials (de 18 a 29 años). Le siguen los robos domiciliarios, con un 21% (que trepa al 30% entre los sectores socioeconómicos bajos), y el narcotráfico, con otro 21%.
El impacto de estos temores se refleja en cambios concretos de conducta: el 60% evita atender llamadas de números desconocidos y el 46% directamente deja de salir de su casa después de cierta hora. Además, un 36% extrema sus precauciones al ingresar a su vivienda.
Mano dura, jueces cuestionados y políticas de inclusión
La respuesta de la ciudadanía frente a este clima de inseguridad incluye una demanda clara de mayor presencia estatal y cambios en el sistema judicial. El 85% exige más patrullaje policial y un 86% critica abiertamente a los jueces, acusándolos de “ponerse del lado de los delincuentes”.
En cuanto a medidas concretas, el 63% apoya la baja en la edad de imputabilidad —una cifra que escala al 75% en los sectores más humildes y al 83% entre los jóvenes. Además, un 57% está de acuerdo con que la policía tenga mayor libertad para usar armas de fuego, y el 44% aprueba la pena de muerte en casos de delitos aberrantes como asesinatos o violaciones.
Una visión ambivalente: castigo y derechos sociales
Más allá del fuerte apoyo a políticas de “mano dura”, el informe revela una mirada ambivalente en la sociedad bonaerense. Un 80% identifica al sistema carcelario como la principal fuente de inseguridad, y un 68% reclama políticas de inclusión y más derechos para reducir el delito.
“La contraposición entre punitivismo y progresismo es falsa”, explicó Hernán Vanoli, director de Sentimientos Públicos. “Si bien hay un clúster ‘mano dura’, también hay un sentimiento de urgencia por justicia que convive con visiones matizadas sobre el origen de los problemas”, remarcó.
A quién responsabiliza la gente por la inseguridad
En el terreno político, las responsabilidades están repartidas. Un 44% culpa a las autoridades nacionales —28% al presidente Javier Milei y 16% a la ministra Patricia Bullrich— y un 45% a las autoridades provinciales —42% al gobernador Axel Kicillof y 3% al ministro de Seguridad, Javier Alonso. Solo el 5% responsabiliza al intendente local.
“El problema es percibido como estructural”, concluye Vanoli. “La clase política y judicial es vista como parte del problema, no de la solución. La inseguridad, al final, afecta sobre todo a los sectores más pobres y más activos de la sociedad”.
Los vetos fueron oficializado a a través del Boletín Oficial y anulan las normativas aprobadas el pasado 10 de julio en el Congreso.
La inflación por el incremento del tipo de cambio también alcanza a los almacenes de barrio. Alimentos y limpieza, los rubros más afectados.
El economista estadounidense cuestionó la toma de deuda durante las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei y señaló que ese fue el origen de importantes problemas para el país.
Tras ver al Presidente en enero, Hayden Davis movió 500 mil dólares a una billetera virtual, además, antes del lanzamiento de la moneda, envió 1.275.000 a otra cuenta. A los días, Novelli abrió las cajas de seguridad.
El pasado viernes 4 de julio, la Cámara de Apelaciones de Ushuaia anuló la orden de la Juez María Cristina Barrionuevo en cuanto a peritar un celular paralelo que le fuera allanado al magistrado Andrés Leonelli. Lo llamativo es que esta anulación la realizó el juez Alejandro Fernández quien sería socio de Leonelli en una serie de negocios inmobiliarios que ambos llevan a cabo en Ushuaia, específicamente un edificio que se estaría construyendo en la calle Deloqui.
Horas de tensión y amenazas de ruptura en el PJ durante el cierre de listas de candidatos para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. "Hay unidad" expresaron desde el peronismo bonaerense.
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