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Los vetos fueron oficializado a a través del Boletín Oficial y anulan las normativas aprobadas el pasado 10 de julio en el Congreso.
Es el segundo caso en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona de las fronteras y “la guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, que transportan mercadería como forma de mantener a sus familias.
Actualidad10 de febrero de 2025Hace dos meses la ministra Patricia Bullrich lanzó en la frontera norte de la Argentina el “Plan Güemes”. En ese lapso las intervenciones de la Gendarmería terminaron con dos jóvenes trabajadores muertos. Ayer, 6 de febrero, un grupo de cuatro agentes asesinó a Rodrigo Torres (22), cuando viajaba en su moto en La Quiaca, Jujuy. Este homicidio se suma al del 18 de diciembre, cuando en otra intervención de gendarmes contra trabajadores informales, en Orán, Salta, mataron a Fernando Gómez, de 27 años.
El Plan Güemes fue presentado como una iniciativa para combatir el narcotráfico y delitos conexos. Pero en lugar de esos operativos, lo que aumentó fueron los episodios de persecución y ataques a trabajadores informales que comercian en la zona. De esa manera aumentan los niveles de violencia sobre los sectores más precarizados del norte del país.
Rodrigo Torres era un joven kolla de la comunidad de San Juan de Quillakes en la Puna jujeña. Era el menor de cuatro hermanos. Hacía trabajos de albañilería, llevaba a pastar animales y estudiaba turismo. Para sumar algo más a su sueldo compraba mercadería en La Quiaca y la vendía en otros pueblos. Luego de que lo mataran, sus familiares encontraron en su mochila turrones y hojas de coca. Los gendarmes del Escuadrón 21 le dispararon al menos cinco tiros.
En diciembre de 2024, en Salta, la Gendarmería también asesinó al bagayero Fernando Gómez, cuando cruzaba desde Bolivia. Ese día también fueron heridos otros dos trabajadores. Al ver al joven muerto, las personas que estaban en el lugar reaccionaron frente a los gendarmes, que les respondieron con más disparos. Por el crimen de Fernando hay más de una decena de oficiales gendarmes acusados, pero la investigación no avanzó en el esclarecimiento del crimen. Los familiares reclaman por las pericias para que se determine la responsabilidad que cada una de esos agentes tuvo en el crimen.
Para justificar su política de control de fronteras y su “guerra contra el narcotráfico”, la ministra de Seguridad estigmatiza a los comerciantes a pequeña escala, a las comunidades de los pueblos originarios y también a trabajadores bolivianos. Acciones como las que terminaron en el crimen de Rodrigo ponen de nuevo en la escena la cultura de los pueblos de frontera, donde comprar y vender mercadería se transforma en la única posibilidad de subsistencia de muchas familias.
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