El ministro de Justicia de la Nación afirmó que la administración libertaria “defiende la igualdad ante la Ley”. Y justificó: “Ninguna vida vale más que otra”
Actualidad25 de enero de 2025
Baires Noticias
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quiere eliminar la figura jurídica de “femicidio” del Código Penal Argentino. “Ninguna vida vale más que otra”, escribió en un posteo personal que publicó en las redes sociales.
Además, en declaraciones televisivas -que también replicó editadas en su cuenta virtual- el ministro expresó que “la política tiene que ser igual para todos” , “tiene que haber paridad entre hombre y mujer” y “la Constitución no te dice otra cosa distinta”.
Por este principio de equidad -según el funcionario- consagrado en la Carta Magna, se busca vetar la tipificación que actualmente agrava las penas en casos de homicidios cometidos por razones de género. Vale recordar que la figura de femicidio se incorporó al Código Penal en 2012, mediante la sanción de la Ley 26.791, y se encuentra contemplada en el artículo 80, inciso 11.
En sus declaraciones, Cúneo Libarona también cuestionó al feminismo, haciéndose eco del encendido discurso de Javier Milei en el Foro de Davos quien afirmó que “el feminismo radical, la ideología de género, el ecologismo extremo, entre otras causas, han sido manipuladas para justificar la expansión del Estado y erosionar la libertad individual”.
En su posteo, el Ministro compartió la postura presidencial: “El feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra”.
El funcionario agregó que, a lo largo de los años, se ha utilizado la causa de las mujeres para “llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”. En este sentido, insistió en que todos los ciudadanos, sin importar su sexo, deben ser tratados de manera igualitaria ante la Ley y recibir la misma protección y respeto.
Reestructuración de las políticas de género
El anuncio de la eliminación de la figura jurídica del femicidio se enmarca en un contexto más amplio de cambios en las políticas de género impulsados por el Gobierno.
En julio de 2024, Cúneo Libarona ya había anticipado que el área de género, que pasó de depender de la órbita de Capital Humano al Ministerio de Justicia, tendría “prioridad absoluta”. Sin embargo, las recientes declaraciones parecerían indicar un enfoque diferente, centrado en la eliminación de lo que consideran privilegios legales basados en el género.
En la Casa Rosada, según consignó Noticias Argentinas, sostienen que el Estado no puede asumir la responsabilidad de atender a cada sector que se considere minoritario. Este argumento reforzaría la postura oficial de priorizar una visión de igualdad que, según sus representantes, no haga distinciones legales entre hombres y mujeres.
El proyecto también incluiría la intención de derogar la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos puntos de la Ley Micaela (Nº 27.499), el DNI no binario implementado en 2021 mediante el Decreto 476/2021, la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas trans (Nº 27.636) y la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412).
Esta iniciativa se da en un escenario en el que, durante 2024, se registraron 255 femicidios, lo que equivale a una mujer asesinada por razones de género cada 29 horas.
La justicia bonaerense sigue sumando errores y arruinándole la vida a los ciudadanos, desde errores de tipeo, hasta gravísimas faltas contra el cumplimiento constitucional y nunca le piden disculpas a los ciudadanos agraviados.
En una demostración de fuerza, el peronismo se unió para defender a su líder en el primer día de prisión domiciliaria. "Los pueblos siempre vuelven", dijo CFK.
En un acto cerrado, con un estricto cerco policial, la ministra de Seguridad anunció la entrega de unos departamentos del edificio Sagol a un grupo de policías en medio de numerosas irregularidades. El complejo urbanístico fue construido durante la gestión de Alberto Fernández en el marco del ex programa Procrear y adjudicados en 2023 a 160 familias del distrito de Avellaneda.
El TOF2 ordenó que la expresidenta se presente en cinco días hábiles en Comodoro Py para comenzar la ejecución de la pena: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
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